Una reforma normativa de carácter pionero
La Comunidad de Madrid ha iniciado una profunda reforma de su sistema normativo con el objetivo de actualizar periódicamente las leyes autonómicas, introducir fechas de caducidad en determinadas normas y reforzar la seguridad jurídica. Se trata de una medida pionera incluida en el programa electoral de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, orientada a avanzar hacia una Administración más eficaz, segura y centrada en el ciudadano.
El Consejo de Gobierno ha conocido el proyecto de decreto que regulará esta iniciativa, cuya aprobación está prevista para el primer semestre de 2026. El texto establece la obligatoriedad de realizar una evaluación ex post de la normativa autonómica antes de que transcurran cuatro años desde su entrada en vigor, salvo en aquellos casos con rango de ley que determinen un plazo diferente.
Fecha de caducidad para normas de carácter organizativo
Una de las principales novedades del proyecto es la introducción de fecha de caducidad en las leyes autonómicas de carácter organizativo, es decir, aquellas que regulan el funcionamiento interno de la Administración y de los entes públicos. Estas normas se refieren a aspectos como la estructura administrativa, competencias, órganos, funciones o procedimientos, sin desarrollar materias jurídicas sustantivas.
Entre este tipo de disposiciones se incluyen, por ejemplo, las normas que regulan el funcionamiento de órganos colegiados o decretos que establecen los principios de actuación de entidades como la Mesa de Diálogo Social o el Consejo para la Promoción del Comercio de la Comunidad de Madrid.
Según el proyecto, estas disposiciones perderán su vigencia a los cinco años de su entrada en vigor, salvo que, tras la evaluación correspondiente, se considere necesario mantenerlas.
Evaluación periódica y participación ciudadana
El procedimiento de evaluación normativa contempla una fase de consulta pública, con el objetivo de fomentar la participación de ciudadanos y empresas en el análisis de la eficacia real de las normas. El proceso concluirá con un informe elaborado por la consejería competente, que determinará si la disposición ha cumplido los objetivos previstos o si resulta necesario modificarla o derogarla para adaptarla al contexto actual.
Con este sistema, el Gobierno regional podrá verificar de forma sistemática el impacto de las medidas adoptadas y evitar la acumulación de normas obsoletas o ineficaces.
Simplificación administrativa y silencio positivo
El decreto también refuerza el papel de la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa, que deberá formular, en el plazo de un año desde la entrada en vigor del decreto, una propuesta de revisión de los procedimientos administrativos.
El objetivo es priorizar, siempre que sea posible y en beneficio de los ciudadanos, el silencio administrativo positivo en caso de que no exista resolución expresa dentro del plazo legal establecido, contribuyendo así a una mayor agilidad y certidumbre en la relación con la Administración.
Menos plazos y mayor seguridad jurídica
La reforma incorpora además un procedimiento abreviado para determinadas leyes que, por su simplicidad, lo permitan y siempre que hayan superado los controles y consultas exigidos. Este mecanismo, equivalente a la lectura única en el ámbito parlamentario, permitirá una reducción significativa de los plazos de tramitación administrativa.
Con este conjunto de medidas, la Comunidad de Madrid busca simplificar y modernizar el marco normativo, reducir cargas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica tanto para la ciudadanía como para empresas e inversores, favoreciendo así la actividad económica y la atracción de talento.
