Refuerzo de la defensa del interés general
La Comunidad de Madrid ejercerá la acción popular en nuevos supuestos penales vinculados a ataques contra el patrimonio natural, daños al patrimonio histórico-artístico y delitos destinados a entorpecer el desarrollo de eventos y espectáculos públicos. El Consejo de Gobierno ha conocido, con carácter previo al trámite de audiencia, el Anteproyecto de Ley que incorpora estos tres ámbitos de actuación competencial, con el objetivo de reforzar la protección de bienes y acontecimientos de especial interés general frente a conductas delictivas de notable gravedad.
Estos nuevos supuestos se sumarán a los ya existentes, como los casos de violencia contra la mujer y terrorismo, en los que el Ejecutivo autonómico se persona para salvaguardar los intereses de las víctimas, sus familias y el conjunto de la sociedad.
Protección del patrimonio natural
En materia medioambiental, el Gobierno regional modificará la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, con el fin de habilitar el ejercicio de la acción popular en los procesos penales derivados de delitos de incendio y de atentados contra los recursos naturales y el medio ambiente que, por su impacto territorial, revistan una especial gravedad.
Con esta medida, la Comunidad de Madrid podrá intervenir de forma directa en procedimientos judiciales relacionados con la destrucción o degradación de espacios naturales de alto valor ecológico.
Defensa de los eventos y espectáculos públicos
El anteproyecto contempla también la modificación de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, para permitir la personación de la Comunidad de Madrid en procesos penales por delitos de desorden público que hayan impedido o dificultado la celebración de eventos de interés general.
Entre los ejemplos citados figura la Vuelta Ciclista a España, cuya última edición sufrió interrupciones reiteradas por la actuación de grupos de manifestantes, incluida la suspensión de su etapa final a pocos kilómetros de la capital.
Salvaguarda del patrimonio histórico-artístico
Asimismo, se modificará la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, para incluir expresamente los delitos cometidos contra bienes de valor histórico, artístico, científico o monumental. El objetivo es reforzar la protección jurídica de un patrimonio que constituye un elemento esencial de la identidad cultural y social de la región.
Especial incidencia en Alcalá de Henares
Esta ampliación de la acción popular tiene una especial relevancia para Alcalá de Henares, municipio que reúne un entorno natural de alto valor, como Los Cerros, y un patrimonio histórico-artístico de relevancia internacional, reconocido como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. La intensa actividad cultural, turística y festiva que acoge la ciudad a lo largo del año convierte a Alcalá en un espacio especialmente sensible a posibles delitos contra el medio ambiente, el patrimonio monumental o el normal desarrollo de eventos públicos. La posibilidad de que la Comunidad de Madrid se persone judicialmente refuerza la protección de estos bienes y actividades, contribuyendo a su conservación y a la seguridad jurídica de su celebración.
Compatibilidad con otras acciones judiciales
El texto del anteproyecto aclara que el ejercicio de la acción popular no impide que la Comunidad de Madrid pueda intervenir en un mismo procedimiento penal como acusación particular, cuando resulte directamente perjudicada, ni ejercer la acción civil para reclamar los daños ocasionados, así como cualquier otra actuación legal que estime oportuna en defensa del interés público.
