Más financiación para el turno de oficio y la asistencia legal
La Comunidad de Madrid destinará 60,4 millones de euros en 2026 para garantizar el servicio de asistencia jurídica gratuita a través de los colegios de abogados y procuradores de la región. Esta cifra supone un incremento del 5,87% respecto al año anterior.
El Consejo de Gobierno ha aprobado dos subvenciones por concesión directa destinadas a financiar este servicio público. La primera, con una dotación de 52 millones de euros, se dirigirá al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. La segunda subvención, por importe de 8,4 millones de euros, irá destinada al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.
Con esta financiación, el Ejecutivo autonómico asegura el cumplimiento del derecho reconocido en la Constitución Española, que garantiza a los ciudadanos con recursos económicos limitados el acceso a la tutela judicial efectiva y a la asistencia jurídica gratuita. En 2025 un total de 88.669 personas se beneficiaron de este servicio en la región.
El Colegio de Abogados de Alcalá participa en la gestión del servicio
El sistema de pagos a los profesionales se articula a través del Consejo de Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid, que integra tanto al Colegio de Madrid como al Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, responsable de prestar este servicio en su ámbito territorial.
En el caso de los procuradores, la gestión se realiza mediante el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, encargado de canalizar los pagos correspondientes a la representación procesal en los procedimientos judiciales.
Más inversión por habitante que el Gobierno central
El Consejo de Gobierno también ha conocido un informe de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia sobre la situación de la asistencia jurídica gratuita en la región.
Los presupuestos autonómicos de este año contemplan 66,49 millones de euros destinados a este ámbito, un 5,64% más que en 2025, para una población de 7.113.886 habitantes. Esta cantidad incluye no solo el turno de oficio, sino también el servicio de orientación jurídica y la representación procesal.
La inversión contrasta con los 53,2 millones de euros previstos por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para financiar este servicio en las comunidades donde mantiene las competencias: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares, Región de Murcia, Ceuta y Melilla, que suman más de 8,5 millones de habitantes.
En términos comparativos, la Comunidad de Madrid destinará 9,35 euros por habitante, frente a los 6,20 euros del Ministerio, lo que supone un 50,64% más de inversión por persona.
