La seguridad no puede darse por sentada
Hay noticias que nos dejan sin palabras. El accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda, Toledo, en el que colisionaron un tren AVE de Renfe y otro de Iryo, es una de ellas. A día de hoy, el balance asciende a 69 personas fallecidas, además de decenas de heridos. Detrás de esa cifra hay vidas truncadas, familias destrozadas y muchas personas que todavía intentan asimilar una tragedia difícil de comprender.
Desde Alcalá Viva queremos trasladar nuestro más sincero pésame a las familias y allegados de las víctimas, así como nuestros mejores deseos para quienes continúan recuperándose de sus heridas. También queremos reconocer el trabajo de los servicios de emergencia y la solidaridad de tantas personas que se volcaron en ayudar desde los primeros momentos.
Pero el dolor no puede ser incompatible con las preguntas. Cuando una tragedia alcanza estas dimensiones, la sociedad tiene derecho a conocer qué ha sucedido, cómo ha podido suceder y qué debe cambiar para evitar que vuelva a ocurrir.
Una inquietud que va más allá del ferrocarril
El accidente de Urda llega en un año marcado también por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, que dejó 46 fallecidos. Son dos sucesos distintos, cuyas causas deben investigarse por separado, pero su proximidad en el tiempo hace inevitable una reflexión sobre la seguridad y la confianza que depositamos en los servicios públicos y en las infraestructuras que utilizamos a diario.
A ello se suma el recuerdo del apagón general del pasado año, que dejó a millones de personas sin suministro eléctrico y puso de manifiesto hasta qué punto dependemos de sistemas cuya complejidad apenas percibimos mientras funcionan con normalidad.
No se trata de relacionar acontecimientos que pueden tener causas diferentes ni de convertir cada incidencia en una prueba de negligencia. Se trata de preguntarnos si estamos exigiendo suficientes garantías, si los mecanismos de prevención y respuesta son adecuados y si las instituciones explican con claridad lo que ocurre cuando algo falla.
La confianza pública no se conserva con declaraciones, sino con hechos, transparencia y resultados.
El mantenimiento también salva vidas
Hay señales cotidianas que, sin demostrar por sí mismas un fallo de seguridad, alimentan la sensación de que algunas cosas se dejan deteriorar hasta que alguien reclama una solución. Quien circula habitualmente por la A-2 en dirección a Madrid o por la M-50 hacia La Gavia puede encontrarse con vehículos abandonados en los arcenes durante periodos prolongados.
Un coche abandonado no es comparable con un accidente ferroviario de esta magnitud. Sería injusto establecer esa equivalencia. Pero estos pequeños ejemplos nos recuerdan que el mantenimiento de las infraestructuras, la vigilancia y la capacidad de respuesta de las administraciones forman parte de la calidad de los servicios que recibimos.
En una red ferroviaria, la exigencia debe ser todavía mayor. Los sistemas de señalización, los protocolos de circulación, la conservación de las vías, la coordinación entre los responsables y la preparación de los profesionales deben funcionar como partes de una misma garantía de seguridad.
Las informaciones conocidas tras el accidente de Urda apuntan a incidencias en el sistema de señalización y a posibles errores en los procedimientos seguidos para reanudar la circulación. Será la investigación la que deba determinar qué falló, por qué falló y qué responsabilidad corresponde a cada parte. No debemos anticipar conclusiones, pero tampoco conformarnos con explicaciones vagas si finalmente se acreditan deficiencias.
La prevención exige inversión, mantenimiento, controles eficaces y protocolos que funcionen incluso cuando se produce una incidencia. Y exige también que las advertencias técnicas se escuchen y que las decisiones se tomen con la seguridad como prioridad absoluta.
Alcalá tampoco debe bajar la guardia
Esta reflexión también nos concierne como ciudad. Alcalá de Henares depende de sus conexiones ferroviarias y viarias para buena parte de su movilidad cotidiana. Miles de vecinos utilizan el tren para desplazarse a trabajar, estudiar o atender sus obligaciones, mientras las carreteras que nos comunican con Madrid soportan un tráfico constante.
Por eso, la seguridad y el mantenimiento de estas infraestructuras no son asuntos lejanos ni debates reservados a los expertos. Forman parte de nuestra vida diaria y de la capacidad de la ciudad para desarrollarse con garantías.
Debemos mantener una actitud vigilante ante el estado de las conexiones que utilizamos, las inversiones previstas y ejecutadas, la conservación de las instalaciones y la respuesta de los organismos competentes. También debemos exigir información comprensible sobre los problemas detectados y las medidas adoptadas para resolverlos.
Esto no significa alimentar el miedo ni sembrar desconfianza indiscriminada hacia quienes trabajan en el ferrocarril o en los servicios públicos. Al contrario: significa defender a los profesionales que realizan su labor correctamente y reclamar que quienes tienen responsabilidades de gestión estén a la altura de ellas.
Cuando se investigue una posible cadena de errores, la respuesta no puede limitarse a buscar rápidamente un culpable. Debe permitir comprender cómo se produjeron los fallos, por qué los mecanismos de seguridad no consiguieron evitarlos y qué cambios son necesarios para impedir que se repitan.
Que volver a viajar en tren no sea un acto de fe
No queremos que nadie tenga miedo a subir a un tren. El ferrocarril es una pieza esencial de la movilidad de nuestro país y debe seguir siendo una opción segura, fiable y accesible. Precisamente por eso, no podemos pedir a los ciudadanos que recuperen la confianza sin ofrecerles razones sólidas para hacerlo.
La investigación de Urda debe llegar hasta el final. Las conclusiones han de conocerse con transparencia y, si se acreditan fallos o responsabilidades, deberán adoptarse las medidas oportunas. No para satisfacer una exigencia de castigo inmediato, sino para corregir lo que no haya funcionado y evitar que otras familias tengan que afrontar un dolor semejante.
Como sociedad, tampoco deberíamos acostumbrarnos a que las grandes tragedias ocupen durante unos días las portadas y después desaparezcan de nuestra memoria sin que sepamos qué ha cambiado. La atención pública no puede agotarse cuando se retiran los equipos de emergencia o se apagan las cámaras.
Gobernar implica mucho más que reaccionar ante las crisis. Significa anticiparse, mantener, supervisar, invertir donde sea necesario y asumir las consecuencias de las decisiones. Y a la ciudadanía le corresponde mantener viva la exigencia, pedir explicaciones y no confundir la confianza con la resignación.
Desde Alcalá Viva creemos que esta tragedia debe servir para abrir una reflexión seria, sin alarmismo, sin acusaciones prematuras y sin olvidar a quienes han perdido la vida. Una reflexión que alcance a las instituciones responsables y que también nos recuerde que el cuidado de lo común requiere atención permanente.
Nadie debería sentir miedo al subir a un tren. Y conseguir que esa confianza esté plenamente justificada es una responsabilidad que no podemos dejar de exigir a quienes nos gobiernan. Porque detrás de cada infraestructura hay personas, y garantizar su seguridad no puede ser una promesa que solo recordemos después de una tragedia.
