Anuncio de la presidenta regional
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que las personas condenadas por ocupación ilegal no podrán acceder a una vivienda protegida durante un periodo de cinco años. La medida fue adelantada en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
Esta iniciativa se incorporará al nuevo Reglamento de Vivienda, actualmente en fase de tramitación, que contempla un periodo de audiencia e información pública y cuya aprobación está prevista para el próximo mes de julio.
Refuerzo del marco normativo
Según ha señalado la presidenta regional, el objetivo de la medida es reforzar la lucha contra la ocupación ilegal, modernizar el marco normativo vigente y mejorar la eficacia de las políticas públicas en materia de vivienda, dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid.
Requisitos para acceder a vivienda protegida
El nuevo reglamento establecerá que cualquier persona condenada por sentencia firme por los delitos de allanamiento de morada o usurpación de vivienda quedará excluida del acceso a una vivienda protegida si los hechos se produjeron en los cinco años anteriores a la solicitud.
Como novedad, la norma incorporará además la exigencia de acreditar un empadronamiento mínimo de 10 años en la Comunidad de Madrid para poder optar a este tipo de inmuebles. Este requisito pretende priorizar la vinculación estable con la región y garantizar que los recursos públicos se destinen a personas con una relación continuada con el territorio.
Vivienda protegida en la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid mantiene su posición como líder nacional en construcción de vivienda protegida, impulsada, entre otras actuaciones, por el Plan VIVE de alquiler a precio asequible.
Este programa suma actualmente 14.000 viviendas en distintas fases de desarrollo: 5.175 ya han sido entregadas, 3.200 se encuentran en fase final de construcción y otras 3.400, incluidas en el Plan Solución Joven, están en proceso de licitación.
