Solicitud de una auditoría independiente
La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central la realización de una auditoría independiente sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) concedidas a proyectos de macroplantas fotovoltaicas.
La petición ha sido trasladada por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en una carta dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Preocupación por el proceso de concesión
En la misiva, el Ejecutivo autonómico expresa su preocupación ante posibles irregularidades en la concesión de estas autorizaciones, y plantea la necesidad de verificar que se han tramitado con el rigor técnico exigido.
Actualmente, en la región se han aprobado 53 proyectos que ocupan un total de 10.490 hectáreas.
Compatibilidad con el territorio
Desde la Comunidad de Madrid se subraya el compromiso con la transición energética, aunque se insiste en que debe desarrollarse con criterios de equilibrio, planificación y respeto al territorio.
En este sentido, se advierte de los posibles efectos sobre suelos agrícolas de alto valor, como olivares y viñedos, cuya conservación es considerada estratégica tanto desde el punto de vista económico como ambiental.
Evaluación del impacto global
El Gobierno regional solicita también un análisis acumulativo de carácter territorial que permita valorar el impacto conjunto de estas instalaciones sobre la biodiversidad, el paisaje y las infraestructuras.
Asimismo, se plantea la necesidad de corregir el procedimiento actual, al considerar que en algunos casos las declaraciones de impacto ambiental se han emitido antes de la planificación estratégica del territorio.
Mayor papel de las comunidades autónomas
Entre las propuestas, la Comunidad de Madrid reclama que las autonomías cuenten con un informe territorial vinculante en este tipo de proyectos, especialmente en aspectos relacionados con el suelo agrario y la compatibilidad urbanística.
También propone revisar el marco competencial para que las comunidades puedan asumir la autorización y evaluación ambiental de todas las instalaciones fotovoltaicas, incluidas las de mayor tamaño.
Limitación de superficie para instalaciones
Por otro lado, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha un Plan de Protección del Paisaje que limita la instalación de plantas fotovoltaicas al 4% del territorio autonómico, con el objetivo de preservar el entorno natural y la actividad agrícola.
Este plan establece zonas aptas para estas infraestructuras, priorizando su ubicación en espacios ya transformados o de baja productividad, y excluyendo áreas con valor ambiental, agrícola o cultural.
