La medida busca reforzar la protección de bienes y acontecimientos de interés general
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la aprobación del Proyecto de Ley que permitirá al Ejecutivo autonómico ejercer la acción popular en determinados delitos que afecten al patrimonio natural, histórico-artístico y al desarrollo de eventos públicos.
El texto, aprobado tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Tres Cantos, será remitido próximamente a la Asamblea de Madrid para iniciar su tramitación parlamentaria.
Ampliación de la acción popular en nuevos ámbitos
La normativa tiene como objetivo reforzar la protección de bienes y acontecimientos de especial interés general, ampliando la capacidad de actuación de la Comunidad de Madrid en procedimientos judiciales.
Esta medida se suma a los casos en los que la Administración regional ya ejerce la acción popular, como en delitos de violencia contra la mujer y terrorismo.
Modificaciones legales previstas
Para hacer efectiva esta ampliación, el Gobierno regional prevé modificar varias normas autonómicas. Entre ellas, la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza, para incluir delitos como incendios y atentados contra el medio ambiente que tengan un impacto relevante.
Asimismo, se adaptará la Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, permitiendo la personación en casos de alteraciones del orden público que afecten a eventos de interés general, como ocurrió en una etapa de la Vuelta Ciclista a España que tuvo que ser interrumpida.
También se modificará la Ley 8/2023 de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, con el fin de incluir delitos relacionados con bienes de valor histórico, artístico, científico o monumental.
Compatibilidad con otras acciones legales
El Ejecutivo autonómico ha señalado que el ejercicio de la acción popular no impedirá otras vías legales, como la acusación particular en caso de verse directamente afectado o la reclamación de daños a través de la acción civil.
De este modo, la Comunidad de Madrid refuerza su capacidad de intervención jurídica para defender los intereses generales y proteger su patrimonio y eventos públicos.
